Covid-19 apresura el colapso del sistema de salud panameño

Rommel Escarreola supo que su mamá falleció de “neumonía” 12 días después de que ingresara al Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, también epicentro de atención de pacientes críticos con covid-19 en Panamá. La pandemia, que ya ha cobrado la vida de más de 700 personas en el istmo centroamericano, empuja el sistema de salud al colapso, mientras agrava la crisis política, social y económica.

El prominente historiador panameño, Rommel Escarreola, supo que su mamá falleció en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid 12 días después de su muerte. Doña Fidedigna Palacios de Escarreola ingresó al hospital -el epicentro de la atención especializada bajo el esquema de la seguridad social en Panamá- el 8 de junio con sudores y falta de oxígeno. Una prueba descartó la covid-19 desde un inicio, pero los doctores recomendaron su estadía en la sala geriátrica por sus factores de riesgo. Tenía 96 años.

El hospital cerró sus consultorios a pacientes externos, al público y a familiares de los pacientes en salas. Éstos debían llamar por teléfono para saber de ellos. A los dos o tres días de su ingreso, un médico lo llamó para decirle que la condición de su madre era delicada y que le habían suministrado antibióticos. Después de ese día, todas las llamadas de Escarreola al hospital derivaban en la toma de sus datos personales, sin darle razón del avance médico de su madre.

El historiador Rommel Escarreola junto a su madre, Fidedigna Palacios de Escarreola.

En medio de la entrevista vía telefónica con Receta Justa, Escarreola recordó a cada momento las terribles jornadas del personal médico en Panamá. La entrega de los médicos y enfermeras en el sector público en medio de una pandemia puso cara a otra contradicción del sistema de salud panameño, que reserva dichas plazas para nacionales: un déficit importante de personal médico mientras unos 500 egresados de carreras médicas esperan ser nombrados en estas plazas.

El 1 de julio, como había hecho todos los días desde el ingreso de Dona Fidedigna al hospital, su hijo llamó para saber de su madre pero esta vez amenazó con entrar al hospital si no conseguía una respuesta. Y es que un día antes, el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau, anunció en televisión que el complejo hospitalario se transformaría para atender exclusivamente a pacientes con covid-19. Un indicio de que el hospital no se daba a basto.

Cuando por fin le devolvieron la llamada, lo hicieron desde un “número privado”. Su madre, una ocueña de vida ejemplar, había fallecido por “neumonía” el 19 de junio a las 9:00 de la mañana, según consta en el certificado de defunción. Pero él se enteró 12 días después, el 1 de julio. ¿Qué falló?. ¿Se contagió de covid-19 en el hospital?. La CSS evita el tema pero la Procuraduría de la Administración abrió una investigación de oficio para esclarecer el caso.

El servicio de paramédicos trasladó a Doña Fidedigna al Complejo de la CSS el día 8 de junio en la mañana. Previamente le habían dado oxígeno.

“No puedo asegurar si estaban ocultando información pero me parece extremadamente extraño, inverosímil…incomprensible; si yo estoy llamando al número que me dan y me dicen lo vamos a comunicar con los médicos, si esa comunicación se dio, ¿por qué no me llamaron?”, contó el historiador a Receta Justa. En la nota que el Procurador de la Administración envió al director de la CSS,(puede descargarla al final del párrafo), citan la denuncia de Escarreola en sus redes sociales y le piden al director de la entidad, Enrique Lau, que les informe si es cierta o no; y en caso de ser cierta, que envíe un informe explicativo al término de cinco días.

Doña Fidedigna es una de las tantas historias humanas detrás de las estadísticas, aunque no está claro que sea parte de las mismas que a diario da el Ministerio de Salud panameño para casos de covid-19. Escarreola adelantó a este medio que pedirá el expediente médico para esclarecer si su madre contrajo la enfermedad en el hospital después de haber dado negativo en el examen inicial. En el proceso también espera encontrar las respuestas que buscaba desesperadamente cada vez que llamaba al 503-6542, el número que le dieron en el hospital para preguntar por la evolución de su madre mientras estuvo recluida en la sala da geriatría del séptimo piso. Cuando llegó a la morgue el funcionario que lo atendió le dijo “de qué se queja si aquí hay cuerpos que tienen hasta un año y nadie los viene a buscar”.

Lo que sí le llegó a Escarreola de la CSS fue un un mensaje ofreciendo disculpas a través de la oficina de comunicaciones del CSS. “Hay un sentido profundo de indiferencia de quienes nos miran desde arriba a nosotros los que estamos abajo, se sienten que jamás le llegará (la justicia). No se afanen por disculpas tardías empiecen a limpiar la casa”, escribió el historiador en un un artículo que publicó en el diario El Siglo el pasado 4 de julio.

El Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid es el hospital central que administra la Caja de Seguro Social. Está en el corazón de la capital panameña y allí se atienden más de 32 especialidades en consulta externa, desde medicina general hasta cardiología o hematología; fisioterapias y salud ocupacional, partos, hasta los exámenes y operaciones más complejas que se realizan en el país. El anuncio del traslado de pacientes hospitalizados por otras patologías se acrecentó cuando encontraron casos de transmisión intra-hospitalaria, algo que confirmó el mismo director de la CSS en declaraciones previas.

Es hasta el 5 de julio que la dirección de la CSS traslada a los pacientes de salas de Neonatología, Ginecología y Obstetricia a otro hospital, el “Irma de Lourdes Tzanetatos”, ubicado 22 km al este de la ciudad. En medio de un recorrido por el nosocomio, el director de la CSS también anunció el traslado de pacientes NO COVID-19 “principalmente de geriatría y de medicina interna que requieren cuidados no especiales” a un anexo adecuado en el mismo hospital al este de la ciudad.

Director de la CSS, Enrique Lau, durante el recorrido por el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos el pasado 5 de julio

Colapso del sistema de salud, compras públicas cuestionadas y políticas erráticas

Panamá acumuló 720 fallecidos por el nuevo coronavirus hasta el 4 de julio, a días de cumplir los cuatro meses desde que se reportó la primera muerte en el país. Se trata de una de las mortalidades más altas de la región y el país número 20 con mayor mortalidad per cápita en el mundo según datos de la Universidad John Hopkins: 17.24 fallecidos por cada 100,000 habitantes al 4 de julio.

Aunque las autoridades locales atribuyen la cifra al alto porcentaje de pruebas diarias que sea realizan en el país, en comparación con otros países de la región. Y terminan comunicando solamente el índice de letalidad (cantidad de muertes en relación al total de casos confirmados), que sí es menor al promedio mundial, precisamente porque mientras más pruebas se realizan, más casos positivos se encuentran.

Es el resultado de un colapso. Hay cosas peores que están pasando en ese hospital” –Rommel Escarreola

Más allá de las estadísticas que el gobierno opta por presentar o no, la pandemia en el país centroamericano tiene dos caras. No se puede hablar del tema un solo enfoque. La crónica desigualdad en el acceso a los servicios básicos como salud, educación, agua, vivienda, etc, es tan marcada que sin temor a exagerar, podemos hablar de dos países dentro de uno. Las áreas más vulnerables del país, con mayor hacinamiento son las más golpeadas por la transmisión comunitaria del virus.

Como en toda crisis médica, las primeras horas de respuesta son cruciales. El gobierno panameño anunció públicamente el primer caso positivo en la semana del 9 de marzo. Esa misma semana anunció la primera víctima fatal: el director de un colegio. El 13 de marzo el gobierno panameño decretó una emergencia nacional, pero amparada en la ley de Contrataciones Públicas.

La movida le permitió al Ejecutivo concentrar en la Presidencia las compras necesarias para afrontar la inminente crisis de salud que se avecinaba, además de reservar un presupuesto de $50 millones para utilizar en 180 días y prerrogativas para compras expeditas “por emergencia”. Con el transcurso de los días , reportes periodísticos revelaron supuestos sobrecostos en la compra de mascarillas, ventiladores, geles alcoholados que se hicieron desde Presidencia. Incluso la construcción del hospital modular con 100 camas para pacientes de covid-19 también está en el ojo de la tormenta por un informe de una comisión independiente de ingenieros y arquitectos (descargue al final del párrafo) que cuestionó tanto el precio de la obra -calculando un posible sobrecosto de al menos $3 millones- como los estándares de seguridad que requiere un hospital con unidades de cuidados intensivos. El Ministerio Público abrió investigaciones de oficio por estas denuncias. Todavía no hay imputados.

Las compras por covid-19 causaron fracturas evidentes en el gabinete del presidente Cortizo. La concentración de las mismas en la Presidencia no dieron resultados, además de los cuestionamientos por la falta de transparencia. El pulseo terminó con la destitución de la ministra de salud, Rosario Turner, quien gozaba del beneplácito del personal de salud y buena parte de la población. Pero antes de eso, Turner había emprendido acciones un poco más concretas de cara a unificar el bicéfalo sistema de salud panameño. La ex ministra también fue la que emitió por primera vez un decreto de desabastecimiento que permitiría al Estado comprar medicamentos directamente sin acudir a intermediarios, que a menudo son los que causan el desabastecimiento no orgánico de medicamentos en farmacias estatales. Turner también recomendó no llevar adelante la propuesta para elevar la CSS a título constitucional durante el fallido intento de reformas constitucionales a finales de 2019.

Mientras, el personal médico sigue denunciando la falta de equipo, horarios extendidos y saturación del sistema. Un reporte clínico reciente da cuenta de al menos tres equipos dañados en el complejo hospitalario, aparte de otras limitaciones como la falta de mascarillas apropiadas y alcohol para atender a pacientes con covid-19 en las salas hospitalarias.

Casi tres meses después de declarado el estado de emergencia y ante la avalancha de críticas, la Presidencia devolvió al Ministerio de Salud la potestad para comprar lo necesario en medio de la pandemia y se concentró en la compra de vales y bonos de supermercado para repartir entre la población. Después de la salida de Turner (el 24 de junio) y casi cuatro meses después de iniciado el estado de emergencia, se concretó la mesa conjunta de compras entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la CCS. ¿Se pudo evitar alguna de las más de 700 muertes de no haber desviado las compras a Presidencia en primer lugar?.

Un archivo clínico que circuló esta semana en redes sociales ilustra la falta de insumos médicos dentro de la CSS, una entidad que destina al menos $400 millones al año para la compra de medicamentos e insumos médicos.

El presidente de la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas y miembro del comité asesor del gobierno para asuntos del covid-19, Julio Sandoval advirtió a finales de junio que las salas y UCI de hospitales públicos y privados estaban ya a su máxima capacidad instalada. Además que el personal de salud estaba fatigado y “dando la milla extra para evitar el colapso y atender los pacientes”.

En tanto, el Ministerio de Salud panameño anunció que la persona que sea positiva y salga de su casa, será multada. También le quitarán el bono de 100 dólares mensuales en caso de que sea uno de los 317,000 receptores que hasta ahora tiene el programa de vale digital. La canasta básica de alimentos ronda los 320 dólares mensuales en un país con 4.1 millones de personas.

Los hospitales que todavía no llegan

Los dos gobiernos de la última década (Martinelli 2009-2014 y Varela 2014-2019) gastaron más de mil millones en infraestructuras de salud. La Ciudad Hospitalaria, que construye FCC desde 2012, debió estar lista en tres años. En cambio, un parón de la obra entre una administración y otra, más una serie de cambios en el proyecto, retrasaron la entrega que ahora está proyectada para el 2022, 10 años después de haberse iniciado y a un costo preliminar por encima de los $850 millones. Hubiera aportado al sistema 43 quirófanos, más de 284 consultas y 1,235 camas, según la descripción del proyecto que hace FCC en su página de internet. FCC también construyó las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá junto con la brasileña Odebrecht, confesa de haber pagado coimas por $59 millones en Panamá.

El nuevo Hospital del Niño es otra obra que anunció Martinelli en 2012. Ese mismo año traspasó el terreno al actual Hospital del Niño pero nunca inició la obra. Varela llamó a licitación en 2015 y desde entonces hasta hace apenas unos meses se adjudicó finalmente la obra a la española Acciona, que añadirá  476 camas y 14 quirógafos a dicho hospital y otras 244 camas y 30 salas de parto a una nueva sala para el Hospital Santo Tomás. La obra fue adjudicada por $614.2 millones tras acciones de reclamo del otro proponente que atrasaron la adjudicación por más de cinco años.

Durante la administración de Martinelli también se adjudicó la construcción de cuatro hospitales más en distintas provincias del país. La adjudicación inicial fue por $177.71 millones a IBT Group, que hasta ahora ha entregado solo uno de los cuatro hospitales. Con adendas en ambas administraciones (Martinelli y Varela), el precio se elevó a más de $300 millones. El contrato venció en 2018, dejando la inversión y los hospitales colgando de un hilo después de ochos años desde que se inició la construcción. El gobierno actual del presidente Cortizo anunció que negociaría con la empresa para retomar las obras hospitalarias en las provincias de Chiriquí, Colón y Darién. Pero la pesada carga de la deuda heredada -y ampliada- por la administración de Cortizo redujo la capacidad de inversiones en el presupuesto estatal.

Recién entrado el nuevo gobierno en la mitad de 2019, IBT llevó al actual presidente panameño a recorrer los hospitales inconclusos en su afán por renegociar -nuevamente- el precio con esta administración. “Es inaudito que tomara más tiempo que la ampliación del Canal” ironizó Cortizo en declaraciones a periodistas durante ese recorrido.

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