El triángulo de la muerte: Las causas del desabastecimiento de medicamentos en Panamá

Mientras crece la cifra de enfermos que mueren en Panamá por falta de medicamentos, las empresas importadoras y distribuidoras se reparten un millonario negocio de $300 millones de dólares al año, mientras controlan los procesos de compra-venta a través del manejo preciso de tácticas –legales pero inhumanas- que propician el desabastecimiento de medicamentos en el sector público. Creado artificialmente el desabastecimiento, el Estado debe responder con compras apremiantes a precios mucho más altos, o bien el paciente puede suplirse en farmacias privadas, que también dominan un mismo puñado de proveedores, pero en donde sus ganancias se multiplican hasta en 500%.

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Repica y repica la alarma. Son las 6 de la mañana. El sol se cuela por la ventana de Juliana. Punzante y cegador, así como el dolor con el que amanece casi a diario. Estira las piernas para llegar a la cocina, como un guerrero herido que debe levantarse en el campo de batalla, pero ella va a preparar el desayuno. Como los músculos tienen memoria, queda sentada sobre la cama. Y como la memoria es traicionera, no recuerda que el frasco de pastillas que está sobre su mesita de noche está vacío, como hace un mes. Pero lo sacude todos los días.

Olvida el dolor por un momento. El café está listo y va a levantarse para desayunar. De repente, otra punzada en la pierna derecha. Esta vez es tan fuerte que no puede levantarse del sillón. Aveces le toma hasta 10 minutos incorporarse. Logra levantarse y con el noticiero de fondo, desayuna con su familia en el comedor. Ellos se van a trabajar y ella regresa al sillón a buscar la mejor posición para sobrellevar el dolor.

Juliana Sánchez es sobreviviente del envenenamiento masivo por dietilenglicol -un refrigerante altamente tóxico- ocurrido en Panamá hace trece años. Varios lotes de expectorante despachados entre 2004 y 2006 por la Caja de Seguro Social (CSS), entidad que se encarga de las pensiones y provee servicios de salud al 80% de la población, estaban contaminados. De eso se enteró por los noticieros en 2006.

La sentencia más larga para dos de los culpables en el caso fue de 15 años. Pero la sentencia de Juliana, sin ser culpable, fue por partida doble y de por vida. Dolores y falta de medicamentos para aplacarlos. Producto del envenenamiento, desarrolló neuropatías, dolores punzantes que siente intermitentemente en todas partes del cuerpo, a cualquier hora. En el camino, se le sumaron otras condiciones médicas: cáncer de tiroides, hipertensión, diabetes, fallas renales. Hoy, en sus cincuentas, tiene que tomar 25 pastillas al día para controlar sus dolencias. En los meses con suerte –que son pocos- las consigue todas en la CSS. El resto de los meses tiene que esperar y sobrevivir el dolor.

Maribel Toribio es otra panameña que también sobrevivió el terrible envenenamiento. Ella es de la provincia de Colón, situada al norte del país, donde operan dos esclusas del Canal de Panamá, la zona libre comercial más importante de la región y la mina de cobre más grande de Centroamérica. Maribel, precavida, es de las que ‘siempre van al médico’, a diferencia de otros miembros de su familia, recuerda. Una ironía que condenó su destino. “Fui por salud y salí envenenada”.

“Fuimos por salud y salimos envenenados”

— Maribel Toribio, víctima del envenenamiento masivo por dietilenglicol

Como Juliana, Maribel no sintió nada al principio. Solo unos dolores de estómago insoportables que asociaba con efectos secundarios del jarabe. Con los meses, el veneno fue haciendo efecto. Llegaron las neuropatías. Tuvo que dejar el trabajo hace tres años porque le era insoportable subir escaleras. Hoy toma once pastillas para paliar sus dolencias, que también incluyen alergias, desarreglos de tiroides, de azúcar y presión. No todos los medicamentos que necesita se los proporciona el sistema de salud público. Y solo dos de los once que necesita al día le cuestan seis dólares. Cuando interrumpe la continuidad de las pastillas, los dolores se tornan insoportables.

La continuidad del tratamiento con fármacos, lo que los médicos llamar adherencia, es vital para pacientes con enfermedades críticas y crónicas, como Juliana, Maribel y miles de panameños más que las padecen. La interrupción del tratamiento –por desabastecimiento en el sistema público o por precios inaccesibles en el sector privado- se traduce en muerte para estos pacientes, explica el doctor Orlando Quintero, un panameño que por más de 25 años ha luchado por el acceso a los medicamentos en Panamá.

Quintero es portador de VIH desde 1987. Adquirió el virus en un accidente laboral mientras trabajaba en el Hospital Regional de Chepo, un poblado al este y que queda a una hora de distancia de la capital panameña. En 1995, cuando llegó la triple terapia –el tratamiento antirretroviral para el VIH- se sometió al mismo costeándolo privadamente porque la CSS se negaba a proporcionarlo. Le costaba unos $600 dólares mensuales. La media salarial actual del grueso de los asegurados es de $800 dólares.

Tardó diez años en reconocer públicamente su enfermedad, pero lo hizo para encabezar una demanda legal en 1997 ante la Corte Suprema de Justicia panameña contra la CSS por negarse a proveer la terapia antirretroviral a los pacientes con VIH. Vio morir a muchos porque no podían costearse el tratamiento. La demanda no fue admitida ese año, como tampoco fue admitido un segundo recurso legal que interpusieron él y otros pacientes. Levaron su queja a las calles el 13 de mayo de 1999 y tras cinco días de protestas, el 17 de mayo de ese mismo año, el gobierno panameño aprobó proveer la triple terapia a los asegurados, abonando a la creencia popular de que para resolver un problema en Panamá, hay que cortar la vía pública.

Y fue justo en la calle donde los pacientes de VIH consiguieron la esperanza de vida que la ley les había negado. Pero la lucha apenas empezaba. A diario, esos mismos pacientes, sumados a los de otras dolencias crónicas y graves, siguen sorteando una muerte que hoy tiene otra cara: la del desabastecimiento de medicamentos.

Recetas, a la carta

En la visión de las grandes empresas trasnacionales, Panamá es un mercado chico pero estratégico. Con un poco más de cuatro millones de habitantes, una economía 100% dolarizada y un PIB per cápita alto según los estándares del Banco Mundial. En este contexto, la rentabilidad de las ventas a nivel privado es bastante alta -aun con menor volumen- que la registrada en otros países centroamericanos con poblaciones cuatro o cinco veces mayores.

Y aunque la Constitución Panameña en su artículo III, en alineación con los preceptos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, reza que el Estado debe desarrollar una política de medicamentos que promueva la producción, disponibilidad, accesibilidad, calidad y control para ‘toda’ la población, lo cierto es que más del 80% de la población atrapada en las estadísticas de la desigualdad*, como Juliana y Maribel, no puede costear los medicamentos en farmacias privadas, donde el Estado respeta el libre mercado.

*Panamá es el sexto país más desigual del mundo a pesar de tener el segundo PIB per cápita más alto de la región y un crecimiento económico envidiable a nivel mundial.

Esta investigación, germinada en el proyecto Abriendo Datos Panamá y subvencionada por el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés), determinó que la disponibilidad de fondos no es el problema. El Estado panameño destina más de $300 millones anualmente solo a la compra de medicamentos entre la CSS y el Ministerio de Salud (Minsa). Es más, el presupuesto destinado por la CCS para medicamentos representa el 60% del total destinado para funcionamiento y el 4.8% del total del presupuesto anual de la entidad, que supera los $5,600 millones, la misma cantidad en la que se cifró la ampliación del Canal de Panamá, concluida en 2016.

Hasta aquí todo va bien. O eso parece. Un sistema público que no escatima en fondos para comprar medicamentos y que paralelamente ofrece el acceso a los mismos por la vía privada, que aunque puede llegar a ser cinco veces más cara según el propio director de la CCS, Julio García Valarini, (La Estrella de Panamá, 14/03/2019), ofrece opciones para el que pueda pagarlos.

Sin embargo, un puñado de proveedores que suplen tanto al Estado como a las farmacias privadas, y que incluso dominan la cadena de suministro desde la importación y distribución, hasta la venta final, son los que causan el desfase en el abastecimiento de medicamentos. Esta investigación constató que las impugnaciones de los proveedores en los procesos de compra de la CSS, además del incumplimiento en la entrega de medicamentos después de haber sido seleccionados, causa un desabastecimiento ‘no orgánico’ que resulta en el repunte de ganancias de las distribuidoras; porque son ellas mismas las que suplen esa carencia por la vía de la urgencia: la compra apremiante.

Es un sistema que ha apadrinado históricamente el Estado, donde hay ‘poderosos intereses políticos y económicos’ reconoce Roger Barés, presidente del Comité de Protección al Paciente y Familiares. Un triángulo perverso que está flanqueado por la negligencia –disfrazada de burocracia -y por las leyes actuales de compra estatal de medicamentos.
Un blindaje legal que hasta ahora no han podido –o no han querido- tampoco derribar los 71 diputados de la Asamblea Nacional canalera. Entre 2017 y 2019 se han presentado cuatro iniciativas para modificar la ley de compra de medicamentos (Ley 1). Mientras se escribían estas líneas, llegó otra propuesta para cambiar la ley de la mano del Ejecutivo, que promete consenso. Pero hasta septiembre, ninguna se había concretado .

“Hay poderosos intereses políticos y económicos”

Roger Barés, presidente del Comité de Protección al Paciente y Familiares.

El punto medular es que la ley prohíbe la compra directa a farmacéuticas o fabricantes, obligando al Estado a canalizar todas las compras a través de empresas intermediarias locales. Así es como el Gobierno ha garantizado el mercado y la rentabilidad a un puñado de intermediarios locales.

La fórmula de un desabastecimiento inorgánico

El director de la CSS, Julio García Valarini, denunció ante los medios locales -entre finales de 2018 y principios de 2019- las malas prácticas de ‘algunos’ proveedores que impugnan una licitación solo para demorar el proceso, causando un desabastecimiento sistemático que llegó a afectar hasta el 40% de la disponibilidad de medicamentos en la entidad entre los años 2014 y 2019.

Julio García Valarini, director de la CSS entre finales de 2018 y el 30 de septiembre de 2019

Y aunque el desabastecimiento de medicamentos en las entidades públicas de Panamá (CSS y Minsa) es de vieja data, en los últimos cinco años se agudizó hasta devenir en una crisis, según alertaron expertos. En mayo de 2019, no habían 78 de los 623 medicamentos del cuadro básico de la CSS, sin contar otros cien  medicamentos menos comunes que se compran de manera especial.

En ese momento, en medio del fuego cruzado que se  desató  entre  la CSS y los intermediarios más grandes del país, agrupados en la Asociación de Representantes y Distribuidores de Productos Farmacéuticos (AREDIS), por la responsabilidad de la crisis, la CSS achacó el 57% del desabastecimiento a los proveedores y el 43% restante lo imputó a los trámites burocráticos.

Actualmente, un proveedor que se adjudique una compra de medicamentos en la CSS es notificado por teléfono. “Si ese proveedor no contesta el teléfono, pueden pasar semanas antes de continuar con el proceso, porque está agotando esos días para traer el producto”, declaró García Valarini en marzo pasado durante uno de los intentos por modificar la ley de medicamentos en la Asamblea panameña.

Mirna Lara, para entonces directora de abasto de medicamentos en la entidad, abordada por Receta Justa al término de una reunión de homologación con proveedores a inicios del año, explicó  que los márgenes de ganancia en las licitaciones de la CSS pueden llegar al 30%, admitiendo que “si pudiéramos comprar directo a farmacéuticas, sería más barato”. También reveló que “a veces se demoran en entregar y que los proveedores incluyen en los precios que ofertan, el costo de las multas que calculan que recibirán por no entregar los medicamentos a tiempo. “Es un negociado”, dijo al tiempo que indicaba que hay evidencias de que el desabastecimiento no es orgánico. Pero, “la idea es resolver, no pelearnos con nadie”, evadiendo así nombrar a los responsables.

“A veces se demoran en entregar y los proveedores incluyen en los precios que ofertan, el costo de las multas que calculan que recibirán por no entregar los medicamentos a tiempo”.

Mirna Lara, directora de Abasto de medicamentos en la CSS.

Inés Robles, directora de compras encargada de la CSS a inicios del 2019, también dio pistas importantes sobre de la corrupción de ciertas empresas dentro del proceso, evitando  también dar nombres. Con el seguimiento que dan a cada medicamento, ven el comportamiento de cada proveedor. “Siempre incumplen con algún requisito y causan un desfase”, admitió. Así, continuó explicando la funcionaria, nos han dejado ver patrones reiterativos. Y cuando la licitación falla –ya sea por impugnación o porque al ganársela, el proveedor no despacha los medicamentos-  la CSS acude a la ‘licitación apremiante’, que puede cuadruplicar o quintuplicar el precio del mismo medicamento que no se logró suplir en el proceso regular.

Cuestionada sobre los proveedores con “patrones reiterativos”, Robles matizó la revelación diciendo que en cambio, prefería hablar de los procesos: “No me gusta hablar tanto de proveedores, yo me debo más que nada a los procesos”.  Pero afirmó que muchas veces la institución queda en medio de la competencia comercial, “a pesar de que somos sus mejores clientes”, refiriéndose a los proveedores que anualmente se reparten más de $300 millones de dólares solo en licitaciones de medicamentos que hace la CSS.

“Cuando la licitación falla –ya sea por impugnación o porque al ganársela, el proveedor no despacha los medicamentos-  la CSS acude a la ‘licitación apremiante’, que puede cuadruplicar o quintuplicar el precio del mismo medicamento que no se logró suplir en el proceso regular”.

Inés Robles, directora de Compras de la CSS.

Otro funcionario de la entidad, que pidió la reserva de su nombre, indicó que las empresas  ‘se ponen de acuerdo’  para ofrecer determinados precios o para ‘repartirse’ las licitaciones. Una práctica que la Autoridad para la Protección y Defensa del Consumidor en Panamá (Acodeco) define como colusión.


Extracto del artículo ‘Corrupción y colusión en licitaciones públicas’, escrito por Héctor Ávila, economista de Acodeco,

La corrupción, conlleva a su vez una contraparte, focalizada en quienes participan u ofertan sus bienes y servicios al Estado, pudiendo coludirse. Un efecto anticompetitivo, de colusión entre empresas, es el ponerse de acuerdo o coordinar sus posturas, pudiendo establecer o fijar precios, cantidades u otras variables, de un producto o servicio disponible, excluyendo competidores, repartiéndose el mercado entre varios oferentes, buscando incrementar sus beneficios. Es por ello que, en una licitación, donde puedan existir actos de corrupción, puede estar implícita la colusión entre oferentes, pudiendo ser una, un hilo conductor de la otra.La colusión en actos públicos, genera un incremento en los precios de cerca del 30%, según datos analizados por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), de empresas que lo producen o distribuyen y se ponen de acuerdo para maximizar sus rentas. Si bien, estos acuerdos entre empresas, no son tan fáciles de detectar, se buscan patrones de comportamientos, existiendo escenarios riesgosos, que pueden servir a las entidades públicas, para detectarlos, empresas que se abstienen en participar en un acto o renglón y/o no presentan la documentación requerida, retiran su propuesta en beneficio de otros, la rotación de ganadores entre distintas empresas, el primero lo gana la empresa A, el segundo la B o C y se van rotando.

Artículo cómprelo: http://laestrella.com.pa/economia/corrupcion-colusion-licitaciones-publicas/24120541


Esto no le extraña al Dr. Quintero, quien también preside la Fundación Pro Bienestar y Dignidad de las Personas Afectadas por el VIH-sida (Probidsida). Aclaró que carece de las pruebas contundentes, pero piensa que sí hay colusión. “Esto es una cuestión de mucho dinero…de millones. Se hacen arreglos”. Como ejemplo, mencionó un acto público al que fueron cuatro proveedores. Todos ofertaron el mismo precio y ante el empate, acordaron que se decidiera lanzando una moneda. Cara o sello; todos aceptaron. Tras la adjudicación, uno de los proveedores impugnó por una supuesta falla cuando se lanzó la moneda, causando desabastecimiento.

“Dicen que lo más importante es el paciente. ¡Bullsh-t! Lo más importante es su bolsillo”, profirió Quintero indignado, mientras tomaba un sorbo de café en el restaurante donde nos dio la entrevista, al tiempo que recordaba que debía llamar a un proveedor para reclamarle –nuevamente- por el atraso en la entrega del genérico truvada, que se usa en el tratamiento para el VIH y que está agotado desde marzo en la CSS. Hasta agosto, todavía no había llegado y en las farmacias privadas –si se tiene la suerte de encontrarlo- vale $140 dólares.

”  “Esto es una cuestión de mucho dinero…de millones. Se hacen arreglos”.

Orlando Quintero, director de PROBIDSIDA

El ex diputado y también médico panameño Juan Carlos Arango propuso una de las iniciativas para cambiar la ley de compra de medicamentos en la Asamblea. Apuntó a corregir ‘distorsiones’ que hacen que por ‘tecnicismos o por ‘falta de inventario’ la población se quede sin medicamentos. Reconoció además que ‘pareciera’ que algunas distribuidoras que tienen el registro sanitario “que no es fácil de conseguir en este país”, y saben que otros no lo tienen; investigan el precio de referencia y como no les satisface a su margen de utilidad, no participan. Eso desabastece el renglón de ese medicamento y así consiguen una compra directa con un margen de ganancia mucho mayor.

Sobre los precios a nivel privado, Arango zanjó que hay una crisis porque algunos están excesivamente caros en Panamá. “Es un tema de ambición desmedida de seres humanos que comercializan; administradores e intermediarios que van distorsionando la cadena que nos causa mal a todos”.

El modus operandi de las empresas que crean el desabastecimiento de medicamentos en el sistema público también fue confirmado a Receta Justa por Roger Barés, presidente del Comité de Protección al Paciente y los Familiares de Panamá. Pero éste dio una pista más. Reveló que son cinco las empresas distribuidoras ‘que están en la jugada’.

–Las que más venden y luego dicen que no tienen. Ese desabastecimiento es artificial, lo crean para venderlo siete veces más caro en compra apremiante. Un chantaje disfrazado.

Pero, ¿por qué tanto miedo en señalar a los responsables?

–Hay intereses económicos y políticos que no se van a meter en eso. Otros estaban en el negocio desde el gobierno. Hay gente del gobierno metida.

Roger Barés, presidente del Comité de Protección al Paciente y Familiares de Panamá

Panamá tiene en paralelo una Ley de Contrataciones Públicas que aplica para casi todas las entidades y casi todos los bienes, servicios y obras que contrate el Estado. Se publican a través de una página web (www.panamacompra.go.pa) los pliegos de cargos, adendas, resoluciones, adjudicaciones, misivas y toda la documentación relativa a cada compra. Con los medicamentos es distinto. El proceso de compra es ‘especial’ y está bajo la Ley 1. Las licitaciones son anunciadas en publicaciones de diarios nacionales o por invitación a los proveedores. Aunque las licitaciones de medicamentos aparecen también en el portal de Panama Compra, en una sección especial dedicada a la CSS, los números de la licitación que da la entidad en comunicados y referencias es una abreviatura del número completo, por tanto se hace casi imposible determinar desde fuera de la CCS, el proveedor que causó el desabastecimiento de algún medicamento en particular.

Otro episodio que puso el foco en este mecanismo fue el intercambio de palabras entre el ex presidente de Panamá Juan Carlos Varela y el reconocido científico panameño Ibis Sánchez Serrano, durante un coloquio en la Universidad de Harvard el año pasado. En el video, difundido en la cuenta de Facebook del corresponsal de la Casa Blanca para Univisión, Edwin Pitti, Varela delató –inéditamente- a los “intereses económicos y políticos” que no le permitieron modificar la ley de compra de medicamentos para estandarizarla con el proceso en línea que se utiliza para las demás compras estatales, algo que la hubiese hecho más transparente.

Les comparto este video de un intercambio ayer en la Universidad de Harvard entre el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y el Dr. Ibis Sánchez-Serrano, científico panameño reconocido a nivel mundial por sus trabajos en materia de salud. Véalo 2 veces si es necesario, analice y saque sus propias conclusiones. Comparta conmigo sus comentarios y debatamos con respeto. Mi postura: apoyo 100% al Dr. Sánchez-Serrano. En Panamá falta demasiada voluntad política para solucionar los problemas y el poco importa de las autoridades está acabando con nuestro país. No debemos callar. Tenga esto en mente al votar en las próximas elecciones. 🇵🇦

Publicado por Edwin Pitti en Viernes, 28 de septiembre de 2018

Lucas Verzbolovskis, presidente de la Asociación de Representantes y Distribuidores de Productos Farmacéuticos (AREDIS) –que agrupa 15 distribuidores, entre ellos los más grandes del país- niega la responsabilidad de los proveedores en el desabastecimiento. Dice que la CCS busca excusas para regresar a la contratación ‘de a dedo’. Culpa, de paso, a los sistemas informáticos inadecuados de la entidad y a la Contraloría panameña por ‘cambiar la interpretación de la ley en el periodo 2014-2019’ para evitar que a la CSS comprara más medicamentos al proveedor una vez éste hubiese agotado la cuota adjudicada originalmente.
Sobre la colusión entre proveedores dice “otro contundente NO…teorías de conspiración”. “¿Qué ganaría una empresa haciendo eso?”, se auto preguntó en un amplio cuestionario que contestó para Receta Justa.
“Los distribuidores locales representan a los laboratorios de la misma manera que un abogado representa en una audiencia a su cliente. Ese distribuidor puede estar ganando entre 4 y 8%”, dijo, contradiciendo todos los cálculos sustentados por varios funcionarios de la CSS, diputados y doctores consultados en este proyecto.

Casos

Documentos a los que tuvo acceso Receta Justa a través del portal electrónico www.panamacompra.gob.pa y tras ubicar tres números de licitaciones de Precio Único – la primera opción donde se compran varios medicamentos con contratos de despacho de hasta tres años – ilustran algunas de estas prácticas que utilizan las empresas intermediarias en las licitaciones públicas de medicamentos.

*En una compra menor para proveer 200 frascos de valproato sódico de 250 mg al Hospital del Niño en 2011, solo participaron dos empresas. Ambas eran del mismo grupo económico: Reprico, que es una de las top cinco importadoras del país, ofreció un precio de $1,680. Ferval, la otra proponente, ofreció el producto a $1,208. En ambas empresas figura Fernando Ferrer Morgan, en Reprico como director y vocal y en Ferval como apoderado. El precio de referencia era de $1,570.00. Finalmente la licitación número 2014-1-10-0-08-LP-119635 se declaró desierta, es decir, que no se adjudicó a ninguno de los dos proponentes.

*En la licitación número 2015-1-10-0-99-LP-157305 del año 2015 para proveer 422 tipos de medicamentos por dos años con un precio global inicial de $87.91 millones de dólares, dos empresas ofrecieron suplir dextrometorfano bromhidrato, jarabe para la tos en frascos de 120 ml. Medipan S.A. lo ofertó por 68 centavos de dólar y Medicare Investment lo ofreció por 75 centavos de dólar. La oferta de Medipan fue descalificada en agosto de 2015, por la comisión técnica de la CSS a pesar de ser la más económica, porque el nombre comercial del producto describía solución oral pediátrica, lo que limitaba su uso. En febrero de 2016 se adjudicó a Medicare Investment. El 22 de marzo, Medipan se queja ante la CSS; ésta ordena una segunda evaluación que cambió el criterio de la primera y termina por adjudicarle el contrato a Medipan, pasando por encima la primera resolución de adjudicación. Medicare Investment interpone una demanda contencioso administrativa que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia donde logró que se declarara ‘nula por ilegal’ la resolución que adjudicaba la venta a su competidora. El fallo llegó a la CSS el 6 de mayo de 2019, cuatro años después del acto público.

*En la misma licitación por $87.91 millones de 2015, Pisa Farmacéutica renunció a proveer noveldexis porque el fabricante homónimo en México cambió la formulación y presentación del producto. Lo mismo pasó con Medicare Investment, quien renunció al renglón de diazepan por tener el registro sanitario vencido. En esos casos, la CSS ejecuta las fianzas de garantía y las empresas son inhabilitadas por tres meses en las licitaciones, pero sólo en los mismos renglones en que fallaron. Pueden seguir licitando para proveer otros medicamentos.

*En una siguiente licitación de Precio Único en 2017, la número 2017-1-10-0-08-LP-249499, que fue por $270 millones de dólares, hay más casos que ilustran las malas prácticas de algunas empresas. Laboratorios San Rafael S.A. tenía el registro sanitario vencido cuando se ganó el renglón del jarabe difenhidramina, por ejemplo.

*Reprico tras ganar el renglón de gotas pediátricas orales, incumplió con las entregas aduciendo que el fabricante, Grunenthal, no podía suplir los despachos.

*Nutrimed Panamá se adjudicó la venta de ceftriaxona sódica en esa misma licitación de 2017, pero luego informó que el fabricante, Ouyi Pharmaceuticals Co. LTD, cambió su dirección física en China, por lo que debía tramitar un nuevo registro sanitario. Fue inhabilitada en ese renglón por tres meses, según consta en el edicto DNC-189-2019 de la CSS. La misma empresa debía proveer también cefotaxima, que compraría al mismo fabricante que había cambiado su dirección física en China. Para este rubro, la empresa ofreció a la CSS entregar un medicamento similar de otro laboratorio, algo que la CSS rechazó porque no cumplía con el producto pactado originalmente.


Estos casos son solo algunos de los miles que saturan anualmente los canales de compra de la CSS. Cuando incumplen, las empresas son inhabilitadas por tan solo tres meses y únicamente en el rubro del medicamento con el que incumplieron. Las multas por incumplimiento, que el mismo director de la CSS califica de ‘irrisorias’ son del 3% del valor de la orden de compra si el retraso es de 1 a 30 días, 5% si es de 31 a 40 días y 10% si va de 41 a 50 días.

A pesar de las declaraciones inéditas de altos funcionarios públicos panameños, desde el ahora ex presidente del país Juan Carlos Varela y el director de la CSS, hasta las decenas de asociaciones de pacientes que culpan de la crisis directamente a ‘intereses particulares’, ‘poderes económicos’ e ‘intereses políticos’, ninguno señaló directamente a los proveedores responsables. Tampoco hubo denuncias ni investigaciones penales. Tras las ‘irrisorias’ multas por incumplimiento , el fuego cruzado entre el gobierno y los proveedores de medicamentos se diluyó en una mesa de conversación tripartita en donde la última en acceder a sentarse fue la AREDIS. Una vez más, triunfó el deseo de ‘no pelearse con nadie’, una garantía de impunidad.

Visita de Rosario Turner a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el día 28 de junio, dos días antes de asumir el cargo de ministra de Salud. La Cámara agremia a las cinco importadoras de medicamentos más grandes del país. Tomada de Twitter.

En el mejor de los casos, pueden pasar mínimo cinco meses  entre una receta y otra para pacientes como Juliana, Maribel y miles de panameños más que se juegan la vida en una ruleta rusa de burocracia, corrupción y colusión. Los únicos ganadores del juego son los intermediarios, que causando el desabastecimiento, multiplican sus ganancias con la compra apremiante o vendiendo a nivel privado, donde la rentabilidad se dispara hasta un 500%.

Mientras, miles de pacientes siguen quejándose y otros tantos panameños siguen muriendo por falta de medicamentos. “Nunca se sabrá cuántos pacientes mueren en realidad por desabastecimiento, porque en los reportes médicos la causa siempre será la enfermedad o infección oportunista, pero nunca dirán que la originó la falta de medicamentos” concluye el Dr. Quintero, lapidariamente.

5 Respuestas a “El triángulo de la muerte: Las causas del desabastecimiento de medicamentos en Panamá”

  1. Maria Chavez

    Increíble artículo. Un periodista excepcional q desvela parte de un cáncer terminal q vive el país en salud. Debería investigar sobre los hospitales publicos y su relación con hospitales privados. Esta es otra realidad q esta asesinando personas

  2. Es increíble como prima el dinero y corrupción ante un ser humano, cada vez existen casos emblemáticos en todo el mundo, ya basta de que el rico se siga haciendo rico a costas del humilde, del enfermo que no puede defenderse, por ignorancia muchas veces caemos en manos de estos monstruos ..

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